Trabajando con las administraciones y tratando de desenmarañar el lío de relaciones laborales en el que están enredadas, me estoy encontrando con una curiosa perversión del sistema. Hay tareas y funciones de la administración que están siendo aseguradas por personal laboral, que gozan de estabilidad gracias a este personal; en lugar de que sea el funcionario el que, como es su papel teórico, sea el que de continuidad y seguridad a la función.

En una administración encuentras siempre un cierto número de contratos laborales conviviendo con los funcionarios, muchas veces realizando tareas similares con independencia de sus funciones “oficiales”. Este personal laboral es más fácil de recolocar y sus tareas y puestos pueden ser modificadas sin mayores consecuencias, ya que habitualmente ni siquiera están documentados. En ocasiones, este personal trabaja en un área de la administración que ni es la contratante, sino que el sueldo lo paga una entidad externalizada como una empresa pública, que “presta personal” a la administración. La razón es obvia, es mucho más fácil reforzar una administración con personal de contratación externa que mediante la ampliación del número de funcionarios o la contratación directa de personal laboral. Las normativas legales y la gestión de recursos humanos (oxímoron), si la hay, se han vuelto paralizantes.

Pues bien, mientras que los funcionarios, especialmente en las grandes administraciones (gobierno autonómico o nacional, por ejemplo) tienen la oportunidad de entrar en comisiones de servicios, optar por plazas mejores (aunque sea por que están más cerca de su casa, uno de los factores motivadores que más frecuentemente encuentro), intercambiarse con otros funcionarios y toda una gama de posibilidades de movilidad que hasta puede que se incentiven; el personal laboral, no y, además, está permanentemente preocupado por su seguridad, muchas veces bajo contratos temporales que se repiten indefinidamente y siempre con la posibilidad de ser despedido, mucho más remota en el funcionario y mucho más crítica en estos tiempos de crisis que vienen. Tampoco los sindicatos, en la administración, suelen prestar mucha atención a las personas laborales, aunque eso puede variar en cada casa.

El resultado es que en muchos puestos y departamentos quien permanece es el laboral precario, mientras que los funcionarios tienen una movilidad extrema y sus puestos rotaciones altísimas. Cuando un funcionario se va y llega otro, quien le explica de qué va el tema y como se trabaja es el laboral que se ha quedado, quien es capaz de realizar todas las tareas y procesos es el laboral, que las conoce al dedillo; aunque quien tiene la firma y la “autoridad competente” es el funcionario, que permanecerá en el puesto hasta que encuentre una oportunidad de mejorar que el laboral no tendrá nunca.

Esto ocurre especialmente en unidades poco atractivas por la naturaleza de sus funciones, las condiciones del puesto y mil y una posibles razones más o menos permanentes o coyunturales. Pero es que es en estas unidades donde se reemplazan puestos con personal laboral más habitualmente por esa misma razón, por la dificultad de conseguir funcionarios que opten a las plazas y las mantengan un mínimo de años.

Así que, pese al tópico y a la imagen del funcionario, se puede considerar que existe el curioso espécimen del funcionario (o el puesto) dinámico, que no para quieto, mientras que en ese mismo nicho se encuentra, frecuentemente al laboral atado a la silla. “Taxonomías” aparte, cuando pienso en esta situación no consigo concluir si es buena o mala. Formalmente, como perversión del sistema, es muy mala. Entre nosotros, si la situación se generaliza, es toda una baza para poner en evidencia la esclerosis del sistema funcionarial.

No sé, no sé.